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    Este tema tambin constituy una permanente preocupacin en Naciones Unidas en otros organismos y en personas que procuraron obtener datos sobre este tipo de sancin penal. As, se recuerda el esfuerzo que signific la recoleccin de datos que se realiz en 1953, desde Gran Bretaa, respecto de los pases europeos, que tena por finalidad saber en qu medida la pena de muerte serva como factor disuasivo de la criminalidad. La colaboracin prestada por esos pases tuvo resultados muy positivos, ya que esa evaluacin permiti confirmar que la aplicacin de la pena capital no disminua la comisin de delitos . Pero este esfuerzo, importante por cierto, slo comprenda los estados europeos.

    Con el advenimiento de Amnista Internacional el ao 1961, la situacin ha cambiado gracias a su organizacin y capacidad de gestin. Esta entidad internacional fue fundada por Peter Benenson, un abogado de Londres. Todo se inici al enterarse ste por la prensa que dos estudiantes portugueses haban sido condenados a siete aos de prisin a raz de un incidente ocurrido en un caf de Londres donde, segn se dijo, estaban brindando por la libertad. Ante ello Benenson, considerando esa accin un abuso del Estado, moviliz a la sociedad inglesa por los medios de comunicacin, convocando a luchar contra esta clase de medidas y a hacer respetar los derechos humanos. Esta circunstancia llev finalmente a concretar la fundacin de una institucin de carcter internacional para asegurar el ejercicio de los derechos humanos.

    En cuanto a la lucha contra la pena de muerte, Amnista Internacional, fue evolucionando notablemente en los logros de su finalidad. En tal sentido cabe mencionar el xito de la Reunin de Estocolmo, celebrada en dicha ciudad, el 11 de diciembre de 1977, donde se trat la abolicin de la pena de muerte y que culmin con la Declaracin de Estocolmo, con la presencia de ms de 200 delegados y participantes de Asia, frica, Europa, medio oriente, norte y sudamrica y la regin del Caribe. El texto de esta declaracin fue reproducido en nuestra revista Documenta Laboris N 9, pg. 213. No obstante, recordaremos aqu, su conclusin final, que dice:

    Las organizaciones gubernamentales, tanto nacionales como internacionales, para trabajar conjunta o individualmente en tareas de proporcionar materiales de informacin pblica, dirigidos a establecer la abolicin de la pena e muerte.

    Tambin Amnista Internacional ha seguido de cerca y con criterio crtico, el grado de respeto de los derechos del ser humano en los diversos estados. Lo curioso es que estados destacados en materia tcnica y econmica y en ciertos casos hasta cultural, no se destacan como lderes de los derechos humanos. Los casos paradigmticos se dan en los Estados Unidos, donde Amnista Internacional dio a conocer que en el ao 1995 haba 3.000 personas condenadas a muerte, informando que varios estados haban reimplantado la pena capital (Nueva York fue el trigsimo octavo que la reimplant). Amnista Internacional, denunci tambin en esa misma oportunidad, la discriminacin racial en la aplicacin de la pena de muerte, siendo uno de los principales motivos de preocupacin. Pero lo ms grave que se denunci en el mismo informe es que al menos 11 de los presos ejecutados en 1995 sufran una enfermedad mental o eran deficientes mentales. Con frecuencia, el defensor del acusado no revel la informacin sobre las deficiencias mentales de su defendido en juicio, de forma que el jurado responsable de imponer la pena de muerte desconoca estas circunstancias. Este texto es parte de un documento de Amnista Internacional, titulado Estados Unidos: noticias sobre la pena de muerte en 1995 (AI: AMR 51/01/96 Secretara Internacional, Easton Street. London. WCIXDJ. Gran Bretaa).

    Recin en el ao 2005, La Corte Suprema de Justicia delos Estados Unidos, por cinco votos contra cuatro, fundando su decisin en la octava enmienda de la Constitucin, resolvi abolir la pena de muerte para los menores de edad cuyo delito lo hubiere cometido antes de cumplir los 18 aos.

    Estas informaciones y otros datos interesantes que contienen los informes de Amnista Internacional que acompaamos al final de esta presentacin, constituyen un aporte importante para conocer la situacin en que se encuentra el mundo en cuanto a la aplicacin de la pena de muerte. En tal sentido, el documento, bajo el ttulo de CONDENAS A MUERTE Y EJECUCIONES, dice. que en 2005 fueron ejecutadas al menos 2.148 personas en 22 pases, y al menos 5.186 personas fueron condenadas a muerte en 53 pases. La cifras reales fueron sin duda ms elevadas.

    Durante el ao 2005 el mundo sigui avanzando hacia la abolicin universal de la pena de muerte. A final de ao, 86 pases haban abolido la pena capital para todos los delitos (vase la Tabla 1). Otros 11 pases la abolieron para todos los delitos salvo algunas excepciones, como los cometidos en tiempo de guerra. Al menos 25 pases eran abolicionistas en la prctica, pues no haban realizado ninguna ejecucin en los ltimos 10 aos o ms, y se consideraba que ya estaba consolidada la prctica de no realizar ejecuciones o haban adoptado el compromiso internacional de no llevarlas a cabo. Otros 74 pases y territorios conservaban la pena de muerte, aunque no se impusieron condenas capitales en todos ellos y en la mayora no hubo ejecuciones durante el ao (vase infra, Condenas a muerte y ejecuciones).

    Pueden encontrar las listas traducidas al espaol en las pginas web de la Seccin Espaola de Amnista Internacional en www.es.amnesty.org/temas/pmuerte/docs.shtm. Y si desean obtener ms informacin sobre el tema de la pena de muerte en espaol, consulten web.amnesty.org/library/esl-392/index.

    El 16 de septiembre, Gyude Bryant, presidente del Gobierno Nacional de Transicin de Liberia desde que el presidente Charles Taylor renunci al poder en 2003, ratific el Segundo Protocolo Facultativo del PIDCP, el cual establece la abolicin total de la pena de muerte. Esta ratificacin se produjo despus de que el gobierno hubiera firmado o ratificado otros 18 tratados sobre derechos humanos en septiembre de 2004.

    El 21 de abril se aboli la nica disposicin de la legislacin penal mexicana que permita todava la pena de muerte. La Cmara de Diputados de Mxico vot por unanimidad la reforma del Cdigo de Justicia Militar y la sustitucin de la pena de muerte por penas de crcel de 30 a 60 aos para delitos graves. Aunque la ltima ejecucin por delitos comunes tuvo lugar en 1937 y la ltima ejecucin en virtud del Cdigo de Justicia Militar en 1961, los tribunales militares siguieron imponiendo penas de muerte que el presidente conmutaba despus.

    El 23 de junio, la Cmara de Diputados mexicana aprob una reforma constitucional, por 412 votos a favor y 2 abstenciones, que prohbe de forma explcita la pena de muerte para todos los delitos.

    La suspensin de las ejecuciones, en vigor desde 1998, se prorrog durante un ao ms. En los proyectos de modificacin de la Constitucin presentados a lo largo del ao figuraba la abolicin total y permanente de la pena de muerte.

    El 29 de agosto, slo dos das antes de la fecha prevista para la ejecucin de Arthur Baird, el gobernador de Indiana, Mitch Daniels, le conmut la pena de muerte por enfermedad mental. El gobernador observ que resulta difcil encontrar razones para no estar de acuerdo con las conclusiones de los tribunales segn las cuales Arthur Baird padeca una enfermedad mental cuando asesin a sus padres y a su esposa embarazada en 1987. Con anterioridad, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Indiana haba decidido no formular una recomendacin de indulto por tres votos contra uno, y la Corte Suprema del estado haba rechazado suspender la ejecucin por tres votos contra dos.

    El 29 de noviembre, la vspera de la fecha en que estaba previsto que Robin Lovitt se convirtiera en la persona nmero mil en ser ejecutada en Estados Unidos, el gobernador de Virginia, Mark Warner, le conmut la pena de muerte alegando que se haban destruido pruebas de ADN que podran haber demostrado su inocencia.

    Varios errores judiciales cometidos en casos de pena de muerte publicados en la prensa china en 2005 causaron una considerable alarma social e intensificaron los impulsos reformistas, incluidas algunas iniciativas para que el Tribunal Supremo volviera a revisar todas las penas de muerte impuestas en China.

    Nie Shubin, joven agricultor del norte de China, fue ejecutado en 1995 por la violacin y el asesinato de una mujer de su localidad. Segn los informes, haba sido torturado bajo custodia policial. A principios de 2005, segn los informes recibidos, una persona detenida en relacin con otro caso se confes culpable de los mismos delitos y describi al parecer de forma detallada el lugar donde se haban producido los hechos. Las autoridades judiciales reconocieron despus su error y, segn los informes, los familiares de Nie Shubin estn tratando de obtener una indemnizacin de las autoridades.

    She Xianglin y Teng Xingshan fueron declarados culpables en 1994 y 1987, respectivamente del asesinato de sus esposas en dos casos distintos. Ambos fueron condenados a muerte a pesar de haberse declarado inocentes y de las denuncias segn las cuales haban confesado porque los haban golpeado brutalmente durante los interrogatorios. En los dos casos, las presuntas vctimas de los asesinatos volvieron a aparecer varios aos despus, en abril y junio de 2005, respectivamente. A She Xianglin le conmutaron la condena por 15 aos de crcel tras ser sometido a un nuevo juicio. Qued en libertad el 1 de abril de 2005 tras pasar 11 aos en la crcel, y ese mismo mes le declararon inocente de todos los cargos de manera oficial. En octubre de 2005 les concedieron a l y a sus familiares una indemnizacin de 450.000 yuanes (unos 55.500 dlares estadounidenses). Teng Xingshan, sin embargo, fue ejecutado en 1989.

    En 2005, dos nombres ms engrosaron la lista de presos estadounidenses condenados a muerte y puestos en libertad despus por ser inocentes, lo que elev a 122 el nmero de casos de esta naturaleza desde 1973.

    Derrick Jamison, condenado a muerte en Ohio en 1985. Se retiraron los cargos formulados en su contra despus de pasar 20 aos en espera de ser ejecutado. Se haba anulado su declaracin de culpabilidad despus de un recurso de apelacin presentado en 2002 y las autoridades de la fiscala decidieron finalmente no volverlo a juzgar.

    Harold Wilson, condenado a muerte en Pensilvania en 1989. Se revoc su condena a muerte en una revisin judicial realizada en 1999, cuando se supo que la defensa no haba investigado ni presentado pruebas atenuantes en el primer juicio. En 2003, un tribunal lleg a la conclusin de que el fiscal haba utilizado prcticas racialmente discriminatorias en la seleccin del jurado y concedi a Harold Wilson la oportunidad de ser juzgado de nuevo. Nuevas pruebas de ADN confirmaron la inocencia de Harold Wilson y en noviembre de 2005 un jurado lo absolvi de todos los cargos.

    En agosto, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Georgia concedi un indulto formal a Lena Baker, ejecutada en Georgia en 1945 por el asesinato de su empleador. En el indulto se deca que, como haba actuado en defensa propia, podan haberla acusado de homicidio sin premeditacin, un delito menos grave que comporta una pena de 15 aos por trmino medio.

    El presidente de la India, A. P. J. Abdul Kalam, utiliz la prerrogativa que le concede el artculo 72 de la Constitucin para solicitar al gobierno por segunda vez el indulto de unos 50 presos condenados a muerte. El Ministerio del Interior haba devuelto su anterior peticin de indultos alegando que los casos no reunan las condiciones para un indulto presidencial.

    En octubre, el presidente Kalam pidi pblicamente que se examinara en el Parlamento la pena de muerte y que se elaborara una poltica global de reformas. El recin nombrado presidente del Tribunal Supremo de la India, el magistrado Y. K. Saberwal, expres tambin su apoyo a la abolicin de la pena capital y dijo pblicamente a los periodistas que, como ciudadano, estaba a favor de la abolicin de la pena de muerte y que, como presidente del Tribunal Supremo, la aplicara slo en casos sumamente excepcionales. La ultima ejecucin en la India tuvo lugar en agosto de 2004.

    En enero, el gobernador saliente del estado de Indiana concedi el indulto al condenado a muerte Michael Daniels y le conmut la pena capital por cadena perpetua. El gobernador seal que Daniels tena un cociente de inteligencia de 77, lo que indica un caso dudoso de discapacidad mental, y que las pruebas que arrojaban dudas sobre su culpabilidad no se haban presentado nunca ante los tribunales.

    En abril, por 11 votos contra 7, el Comit de Cdigos de la Asamblea de Nueva York (asamblea legislativa del estado) rechaz estudiar medidas legislativas para reinstaurar la pena de muerte en Nueva York, lo que puso fin de hecho al restablecimiento de la pena de muerte en ese estado durante el actual periodo de sesiones.

    En 2004, una resolucin del ms alto tribunal del estado haba invalidado la ley sobre la pena de muerte aprobada en Nueva York en 1995. No se llev a cabo ninguna ejecucin en virtud de dicha ley.

    En mayo, un jurado federal de Puerto Rico rechaz un recurso de la fiscala en favor de la aplicacin de la pena de muerte a dos personas declaradas culpables de asesinato durante un robo a mano armada ocurrido en 2002. En Puerto Rico no ha tenido lugar ninguna ejecucin desde 1927, y la pena de muerte est prohibida en su constitucin. Sin embargo, frente al rechazo general de la poblacin, la legislacin federal estadounidense sobre la pena de muerte es aplicable tambin en Puerto Rico.

    El Parlamento iraqu aprob en octubre una ley en la que se estipulaba la imposicin de la pena de muerte a toda persona declarada culpable de cometer actos de terrorismo o de financiar, planear o provocar actos terroristas. En la ley se defina el terrorismo como todo acto criminal perpetrado contra personas, instituciones o bienes que tiene como fin socavar la seguridad, la estabilidad y la unidad nacional y sembrar el terror, el miedo o el horror entre la poblacin o causar el caos. Se mencionaban asimismo las actividades que amenazan con desencadenar disensiones sectarias o la guerra civil, incluidas las encaminadas a armar a los ciudadanos o facilitar o financiar la entrega de armas a stos.

    Segn Amnista Internacional, en 2005 fueron ejecutadas al menos 2.148 personas en 22 pases, y al menos 5.186 personas fueron condenadas a muerte en 53 pases. Las cifras reales fueron sin duda ms elevadas.

    Al igual que en aos anteriores, la gran mayora de las ejecuciones del mundo se llevaron a cabo en un nmero muy reducido de pases. En 2005, el 94 por ciento del total de ejecuciones conocidas tuvieron lugar en China, Irn, Arabia Saud y Estados Unidos.

    Basndose en los informes pblicos disponibles, Amnista Internacional calculaba que al menos 1.770 personas fueron ejecutadas en China en 2005, aunque consideraba que la cifra real era muy superior. Se ha sealado en fechas recientes que un experto chino en cuestiones legales ha afirmado que, segn la informacin suministrada por jueces y funcionarios locales, el nmero de ejecuciones ascendi a unas 8.000, pero las estadsticas nacionales oficiales sobre la aplicacin de la pena de muerte siguen siendo secreto de Estado.

    En Irn se ejecut al menos a 94 personas y en Arabia Saud al menos a 86. En Estados Unidos se registraron 60 ejecuciones. (Vase Amnista Internacional, Condenas a muerte y ejecuciones en el ao 2005, abril de 2006, ndice AI: ACT 50/002/2006. Vase infra, Tabla 2, para una comparacin histrica.)

    Al parecer, los tres eran miembros del grupo armado Ansar al-Sunna y fueron juzgados y declarados culpables por un tribunal penal de Al Kut, localidad situada al sudeste de Bagdad. Se los conden a muerte el 22 de mayo de 2005 por cargos de secuestro, homicidio de agentes de polica y violacin de mujeres.

    El 12 de junio, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, autoriz la ejecucin de cuatro presos. Fueron las primeras ejecuciones llevadas a cabo por la Autoridad Palestina desde agosto de 2002. Segn funcionarios de la Autoridad Palestina, el presidente orden la reanudacin de las ejecuciones para responder al aumento de la delincuencia y de la anarqua en zonas de los Territorios Ocupados bajo su jurisdiccin.

    Daoud al-Khawaja, haba sido condenado a muerte en 2000 por el Tribunal de Seguridad del Estado, rgano notoriamente injusto que fue suprimido despus. El 22 de junio, segn los informes, el presidente Mahmoud Abbas orden que se volviera a juzgar a todas las personas condenadas a muerte por el Tribunal de Seguridad del Estado.

    El 13 de mayo, en el estado de Connecticut se llev a cabo la primera ejecucin desde el 17 de mayo de 1960. Michael Ross haba sido condenado a muerte por el asesinato de cuatro muchachas en 1983 y 1984. Fue ejecutado despus de que se rechazaran los recursos de apelacin contra la condena a muerte.

    El 27 de septiembre, el subdirector del Tribunal Supremo Popular, Wan Exiang, anunci que este organismo iba a crear tres nuevos tribunales que recuperaran la prerrogativa de revisar todas las condenas a muerte. Reconociendo al parecer las intromisiones polticas en los procesos judiciales de los tribunales inferiores, Wan Exiang afirm que esta reforma garantizar la neutralidad de los procesos de pena de muerte respecto a los rganos administrativos e impedir la intervencin de otros poderes.

    La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Louise Arbour, visit China a finales de agosto y se reuni con el ministro de Justicia y con el presidente del Tribunal Supremo Popular. La alta comisionada seal que, a pesar de que China haba ratificado varios tratados importantes de derechos humanos, la pena de muerte segua aplicndose ampliamente, y a delitos que no se ajustan al criterio internacional de delitos sumamente graves. Lament la falta de estadsticas fiables sobre la pena de muerte y afirm que la transparencia es esencial para un debate pblico informado sobre esta cuestin.

    La Comisin de Revisin de la Constitucin recomend que se mantenga la pena de muerte en la prxima Constitucin, pese a las propuestas formuladas por peticionarios de toda Zambia.

    En algunas de las propuestas presentadas a la Comisin en materia de derechos humanos fundamentales se solicitaba que la Declaracin de Derechos tuviera un rango superior a otras disposiciones de la Constitucin. La Comisin recomend tambin que se pudiera conceder la libertad bajo fianza para todos los delitos y que la cuestin de la concesin quedara a discrecin de los tribunales. Asimismo, recomend que la Constitucin garantizara el derecho a la revisin judicial.

    El uso de la pena de muerte contra personas que no haban cumplido 18 aos en el momento de cometer el delito est prohibido por los tratados internacionales, entre ellos la Convencin sobre los Derechos del Nio y el PIDCP.

    Ayaz M., de 18 aos, y el nio Mahmoud A., ahorcados en pblico en Mashad el 19 de julio. Segn los informes, haban sido declarados culpables de agredir sexualmente a un muchacho de 13 aos.

    Un adolescente de 17 aos sin identificar, ejecutado junto con otros cuatro hombres el 23 de agosto en Bandar Abbas. Haban sido declarados culpables de secuestro, violacin y robo.

    Ali Safarpour Rajabi, ahorcado el 13 de julio por matar a un agente de polica en Poldokhtar. Haba sido condenado a muerte en febrero de 2002, cuando tena 17 aos, por un delito cometido posiblemente cuando tena slo 16.

    Farshid Farighi, de 21 aos, ahorcado en la crcel de la localidad de Bandar Abbas. Haba sido declarado culpable de cinco asesinatos, segn los informes, cometidos cuando tena entre 14 y 16 aos de edad.

    Un hombre de 22 aos, ahorcado en pblico el 12 de septiembre en la provincia meridional de Fars despus de ser declarado culpable de violacin. Segn los informes haba sido condenado a muerte en el ao 2000, lo que da a entender que tena menos de 18 aos en el momento en que se cometi el delito.

    Rostam Tajik, ahorcado en pblico el 10 de diciembre en un parque de la localidad de Isfahn, en el centro de Irn. Segn los informes, haba sido condenado a la pena conocida como qisas (castigo especificado por los familiares de la vctima), por el Tribunal General de Isfahn, por un asesinato cometido en mayo de 2001, cuando tena 16 aos.

    Durante los ltimos cuatro aos, las autoridades iranes han estudiado medidas legislativas encaminadas a prohibir el uso de la pena de muerte para delitos cometidos por personas menores de 18 aos. El artculo 1210(1) del Cdigo Civil iran fija la edad de responsabilidad penal en 15 aos lunares en el caso de los nios y en 9 aos lunares en el caso de las nias.

    a que adopte las medidas necesarias para suspender de inmediato la ejecucin de todas las penas de muerte impuestas a personas que hayan cometido un delito antes de cumplir los 18 aos de edad, a que adopte las medidas legales adecuadas para conmutarlas por otras penas de conformidad con las disposiciones de la Convencin y a abolir la pena de muerte como sentencia impuesta a las personas que hayan cometido delitos antes de cumplir los 18 aos de edad, tal como requiere el artculo 37 de la Convencin.

    En virtud de una resolucin adoptada por el Tribunal Superior de Lahore en 2004, segn la cual se deba revocar la Ordenanza del Sistema de Justicia de Menores, promulgada en el ao 2000, en Pakistn se poda volver a condenar a muerte a menores. La decisin de revocar la Ordenanza, que segn los informes el tribunal declar poco razonable, inconstitucional e inviable, acarreara la supresin de los tribunales de menores y que los menores fueran juzgados de nuevo segn los mismos procedimientos aplicados a los adultos. Esta sentencia no afectara a los menores declarados culpables durante el periodo en que estuvo en vigor la Ordenanza (entre 2000 y diciembre de 2004), pero los casos pendientes en los tribunales de menores se remitiran a los tribunales ordinarios.

    El gobierno federal y una organizacin no gubernamental que se ocupa de los derechos de la infancia presentaron sendas apelaciones contra la sentencia del Tribunal Superior de Lahore, y el 11 de febrero de 2005 el Tribunal Supremo la suspendi hasta adoptar una decisin.

    En la nueva Constitucin Provisional de Sudn, ratificada el 9 de julio de 2005, no se aboli la pena de muerte, ni en concreto su aplicacin a menores de 18 aos.

    El artculo 36 (2) de la Constitucin Provisional afirma: No se impondr la pena de muerte a personas menores de 18 aos ni a personas que hayan cumplido 70 aos salvo en casos de castigo preceptivo de la ley islmica o hudud. Esta ltima excepcin priva prcticamente de sentido a la salvaguardia anterior; por ejemplo, segn el Cdigo Penal sudans de 1991, entre los delitos castigados con el hudud se encuentran el asesinato y el robo a partir de cierta cantidad. El artculo 36 (2) es incompatible con las obligaciones internacionales de Sudn, que prohben la ejecucin de menores.

    En Sudn no hay registros oficiales de las personas condenadas a muerte o ejecutadas. Sin embargo, Amnista Internacional recibe todos los aos informes sobre casos de personas condenadas a muerte en Sudn por delitos cometidos antes de cumplir los 18 aos.

    Por cinco votos contra cuatro, la Corte Suprema de Estados Unidos resolvi que el uso de la pena de muerte contra personas menores de 18 aos en el momento de cometerse el delito vulnera la prohibicin de las penas crueles y desusadas que establece la Constitucin.

    El fallo, dictado el 1 de marzo en el caso de Roper v. Simmons, comportaba que salvaran la vida los ms de 70 menores condenados a muerte actualmente en Estados Unidos y que ninguno ms sera condenado a la pena capital.

    En 1989, la Corte Suprema haba fallado que no era inconstitucional el uso de la pena de muerte contra personas de 16 o 17 aos. Uno de los motivos del fallo fue que no haba indicios suficientes en la legislacin de los estados que indicaran un consenso nacional contra el uso de la pena muerte contra menores de 18 aos.

    En la nueva resolucin, la Corte sealaba que, desde 1989, cinco estados haban declarado ilegal la aplicacin de la pena de muerte contra menores de 18 aos y que ninguno la haba restablecido. Adems, de los seis estados que haban ejecutado a menores desde 1989, slo tres lo haban hecho durante los ltimos 10 aos. En su opinin, redactada en nombre de la mayora por el magistrado Kennedy, la Corte llegaba a la conclusin de que en la actualidad nuestra sociedad considera a los menores de forma categrica menos culpables que al delincuente medio.

    Sin embargo, en la base naval estadounidense de Guantnamo (Cuba) permanecen recluidas al menos tres personas, y quiz hasta seis, en calidad de combatientes enemigos, que eran menores de 18 aos cuando fueron detenidas. El gobierno estadounidense sostiene que las garantas constitucionales no son aplicables a los detenidos en Guantnamo y que tiene la intencin de que algunos de ellos sean juzgados por comisiones militares, rganos ejecutivos que tienen la facultad de imponer penas de muerte. Sigue siendo motivo de preocupacin de que los detenidos puedan ser condenados a muerte y ejecutados a pesar de la resolucin en el caso Roper v. Simmons.

    En enero, Donald Beardslee fue ejecutado en California a pesar de sufrir graves daos en el cerebro. Haba sido condenado a muerte en 1984 por un asesinato cometido en 1981. No se presentaron al jurado pruebas de sus daos cerebrales, lo que permiti al fiscal argumentar que el acusado no sufra ningn trastorno mental.

    En mayo, un juez de condado suspendi la ejecucin de Garry Allen con el fin de que se pudiera evaluar su aptitud mental para ser ejecutado. Haba sido condenado a muerte por asesinato en 1986. Una evaluacin reciente haba dado a entender que Garry Allen podra estar legalmente loco, ya que no comprende las razones de su inminente ejecucin ni es consciente de ella. Un jurado decidir ahora si es apto o no para ser ejecutado. El derecho constitucional estadounidense prohbe la ejecucin de dementes. Garry Allen no haba sido ejecutado al finalizar el ao.

    En un memorando dirigido al fiscal general de Estados Unidos con fecha 28 de febrero de 2005, el presidente George W. Bush afirm que Estados Unidos cumplira la resolucin adoptada en 2004 por la Corte Internacional de Justicia, haciendo que los tribunales de los estados revisaran y reconsideran las consecuencias de las violaciones de la Convencin de Viena sobre Relaciones Consulares en los casos de 51 ciudadanos mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos, que haban sido objeto de dicha resolucin. Sin embargo, posteriormente, en marzo, Estados Unidos anunci su retirada del Protocolo Facultativo de la Convencin de Viena sobre jurisdiccin obligatoria para la solucin de controversias, el instrumento jurdico internacional que faculta a la Corte Internacional de Justicia para interpretar y aplicar los trminos del tratado.

    La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado dos sentencias sobre la aplicacin de la pena de muerte en Guatemala. El 20 de junio, en el caso Fermn Ramrez v. Guatemala, la Corte orden a Guatemala que corrigiera algunos errores judiciales graves y que modificara el artculo 132 del Cdigo Penal, que regula el delito de asesinato, afirmando que vulnera el principio de legalidad y el derecho a un juicio justo, y orden a Guatemala que concediera un nuevo juicio a Fermn Ramrez.

    El 15 de septiembre, la Corte dict sentencia en el caso Ronald Ernesto Raxcacot Reyes v. Guatemala. Ronald Ernesto Raxcaco Reyes haba sido condenado a muerte por secuestro, de acuerdo con una legislacin que se modific para ampliar el mbito de aplicacin de la pena de muerte, despus de que Guatemala hubiera ratificado la Convencin Americana sobre Derechos Humanos, que prohbe la ampliacin de la aplicacin de la pena capital. La Corte orden a Guatemala que suspendiera la condena a muerte de Ronald Ernesto Raxcaco Reyes y que le impusiera otra pena proporcionada a la naturaleza y gravedad del delito. La Corte orden tambin a Guatemala que no ejecutara a ninguna persona condenada a muerte por el delito de secuestro en virtud de la legislacin actual.

    El 3 de mayo se present en el Congreso un proyecto de ley para la abolicin de la pena de muerte. La Comisin de Legislacin y Puntos Constitucionales tena 45 das hbiles para facilitar un dictamen sobre el proyecto de ley. Siete meses despus, y a pesar de las presiones internacionales, la Comisin no se haba pronunciado todava.

    En octubre, el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico dict una resolucin sobre el caso del puertorriqueo Juan Martnez Cruz y su posible extradicin al estado de Pensilvania (Estados Unidos). La Corte resolvi que la Constitucin prohbe al gobierno de Puerto Rico que conceda la extradicin de Juan Martnez Cruz a un estado en el que pueden imponerle la pena de muerte si se le declarara culpable. En diciembre, el fiscal general recurri esta decisin ante la Corte Suprema del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

    Despus de que durante aos se hubiera negado oficialmente la existencia de esta prctica, el viceministro de Salud Pblica, Huang Jiefu, reconoci en diciembre que la venta de rganos de presos ejecutados era un fenmeno generalizado.

    Desde finales de la dcada de 1990, cuando su sustituy el fusilamiento por la inyeccin letal como mtodo de ejecucin, se han recibido informes sobre la presencia de personal mdico en las camionetas mviles de ejecucin durante las ejecuciones, el cual extraera los rganos de las personas ejecutadas lo antes posible despus de su fallecimiento. En unas declaraciones a la revista Caijing, Huang Jiefu seal que se estaban elaborando nuevas normas para poner fin al negocio lucrativo del transplante de rganos.

    Ochenta y un pases, cinco ms que en 2004, y el nmero ms elevado hasta ahora, apoyaron conjuntamente una resolucin en la que se peda la suspensin de las ejecuciones en todo el mundo.

    La Comisin de Derechos Humanos de la ONU adopt la Resolucin 2005/59 sobre la Cuestin de la pena capital el 20 de abril, en el periodo de sesiones anual de la Comisin celebrado en Ginebra. Fue la novena resolucin de este tipo adoptada desde 1997.

    Al igual que en aos anteriores, la resolucin exhortaba a todos los Estados que mantenan an la pena de muerte a abolir completamente la pena de muerte y, entretanto, establecer una moratoria de las ejecuciones. Tambin instaba a dichos Estados a observar las salvaguardias y restricciones acordadas por la ONU sobre la pena de muerte y a no imponer la pena capital ni ejecutar a ninguna persona que sufra de algn tipo de discapacidad mental o intelectual y a observar otras salvaguardias y restricciones acordadas por la ONU sobre la pena de muerte.

    La resolucin contena tambin elementos nuevos. Afirmaba el derecho a la vida de todas las personas y declaraba por primera vez que la abolicin de la pena de muerte es esencial para la proteccin de este derecho. Esta declaracin es lo ms cercano a una condena de la pena de muerte como violacin de derechos humanos que ha expresado la ONU hasta la fecha.

    La resolucin condenaba tambin la aplicacin de la pena capital sobre la base de leyes, polticas o prcticas discriminatorias y el uso desproporcionado de la pena de muerte contra personas pertenecientes a minoras nacionales, tnicas, religiosas y lingsticas, y exhortaba a los Estados a no imponer penas de muerte preceptivas. Instaba asimismo a los Estados que haban suprimido recientemente o haban anunciado la supresin, de hecho o de derecho, de la suspensin de las ejecuciones, a que se comprometan una vez ms a suspenderlas.

    La Resolucin 2005/59, respaldada por la Unin Europea, fue copatrocinada por todos los pases de la UE y obtuvo el apoyo de muchos pases de otras zonas del mundo. La resolucin fue aprobada por 26 votos a favor, 17 en contra y 10 abstenciones, un margen ligeramente menor que en 2004, cuando 29 pases votaron a favor, 19 en contra y 5 se abstuvieron. Nigeria, que haba votado en contra de la resolucin en aos anteriores, se abstuvo en esta ocasin; su representante explic que la pena de muerte estaba siendo objeto de revisin en su pas. Pero la Repblica del Congo y Gabn, que haban votado a favor en 2004, se abstuvieron este ao, y Guinea, que se haba abstenido anteriormente, vot en contra.

    Como en aos anteriores, un grupo de pases present una declaracin en la que se desvinculaban de la resolucin. Este ao firmaron la declaracin 66 pases, dos ms que en 2004, el nmero ms elevado hasta ahora. Chad y Guinea firmaron la declaracin por primera vez.

    El secretario general de la ONU tiene el mandato de elaborar cada cinco aos un informe sobre la pena capital. Estos informes constituyen una fuente extraordinaria de informacin, pues se basan en datos suministrados por los gobiernos, organizaciones no gubernamentales y otros expertos.

    El ltimo informe quinquenal del secretario general, el sptimo de la serie, se public en marzo de 2005. Cincuenta dos gobiernos respondieron a la solicitud de informacin del secretario general, uno menos que en el informe anterior, del ao 2000. De los pases que mantenan y aplicaban la pena de muerte, slo ocho contestaron a la encuesta.

    En el informe se sealaba que el nmero de pases abolicionistas haba seguido aumentando durante el periodo cubierto en la encuesta (1999-2003). Aunque se aminor el ritmo de avance hacia una abolicin total, se ha registrado una reduccin muy considerable del nmero de pases que ejecutan regularmente a sus ciudadanos. Ha descendido tambin el nmero de ejecuciones.

    Por lo que se poda deducir de los datos disponibles, en 16 de los 43 pases que siguieron siendo retencionistas durante 1999-2003 se ejecut a menos de 10 personas durante este periodo, y en 11 se ejecut a menos de 5. Se tena constancia de slo 19 pases que hubieran llevado a cabo 20 o ms ejecuciones judiciales durante este intervalo de tiempo. Slo en un pas, Vietnam, el nmero estimado de ejecuciones pareci aumentar de forma considerable y regular durante este periodo.

    En el informe se incluan clculos sobre la tasa de ejecuciones per cpita en los pases donde, segn los informes, se llevaron a cabo 20 o ms ejecuciones entre 1999 y 2003. Al igual que en el periodo anterior, Singapur registr la tasa ms alta de ejecuciones per cpita (6,9 ejecuciones por cada milln de habitantes), seguido de Arabia Saud (3,66) y Jordania (2,08).

    La comunidad de naciones ha aprobado cuatro tratados internacionales que establecen la abolicin de la pena de muerte. Uno de ellos es de mbito mundial, mientras que los otros tres son regionales.

    El Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos, relativo a la abolicin de la pena de muerte, y el Protocolo de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolicin de la Pena de Muerte establecen la abolicin total de la pena de muerte, pero permiten a los Estados Partes mantenerla en tiempos de guerra si hacen una reserva a tal efecto en el momento de ratificar dichos protocolos o adherirse a ellos.

    El Protocolo nmero 6 del Convenio Europeo para la Proteccin de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Convenio Europeo de Derechos Humanos) referente a la abolicin de la pena de muerte establece la abolicin de la pena de muerte en tiempo de paz.

    El Protocolo nmero 13 del Convenio Europeo para la Proteccin de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Convenio Europeo de Derechos Humanos) referente a la abolicin de la pena de muerte en cualquier circunstancia establece la abolicin de la pena de muerte en todas las circunstancias, incluso en tiempo de guerra o de peligro inminente de guerra. Cualquier Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos, la Convencin Americana sobre Derechos Humanos o el Convenio Europeo de Derechos Humanos puede convertirse en Estado Parte en los respectivos protocolos.

    Liberia y Mxico ratificaron el Segundo Protocolo Facultativo del PIDCP en 2005, con lo que el nmero total de ratificaciones se elev a 56. Otros ocho pases han firmado el protocolo.

    Durante el ao 2005 no hubo nuevas firmas ni ratificaciones del Protocolo de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolicin de la Pena de Muerte. Al terminar el ao, ocho pases haban ratificado el protocolo y otro lo haba firmado.

    Mnaco ratific el Protocolo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos el 30 de noviembre de 2005, con lo que se elev a 45 el nmero total de ratificaciones. Otro pas ha firmado el protocolo.

    Eslovaquia, Grecia, Mnaco y Noruega ratificaron el Protocolo 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos en 2005, con lo que ascendi a 33 el nmero total de ratificaciones. Otros 10 pases han firmado el protocolo.

    (En el sitio web de AI www.amnesty.org/deathpenalty hay disponibles listas actualizadas de los Estados Partes y otros firmantes de tratados internacionales sobre la pena de muerte. Si desean consultar una lista impresa, vase el documento de AI titulado Ratificacin de tratados internacionales para abolir la pena de muerte (1 de enero de 2006), ndice AI: ACT 50/003/2006).

    Por tercera vez desde su institucin, el 10 de octubre se celebr el Da Mundial contra la Pena de Muerte. El tema de este ao fue la abolicin en frica, y se organizaron actos en ms de 40 pases, como Benn, Congo, Mal, Sierra Leona, Hong Kong, Francia, Alemania, India, Japn y Puerto Rico. Entre los actos hubo manifestaciones, peticiones, conciertos y debates en radio y televisin. El Da Mundial contra la Pena de Muerte lo organizan la Coalicin Mundial contra la Pena de Muerte, un grupo integrado por unas 40 organizaciones de derechos humanos, incluida Amnista Internacional, asociaciones de abogados, sindicatos y autoridades locales y regionales que colaboran para conseguir la abolicin de la pena capital.

    Ciudades por la vida, acto organizado por la asociacin italiana Comunidad de SantEgidio, se celebr el 30 de noviembre con la iluminacin de edificios pblicos en 391 ciudades y pueblos de 44 pases. Entre las ciudades que participaban por primera vez en 2005 estaban Abiyn (Costa de Marfil), Lom (Togo), Montevideo (Uruguay) y Reykiavik (Islandia).

    La encuesta anual Gallup sobre Valores Morales y Creencias en Estados Unidos, que se viene realizando todos los aos desde 1936, se llev a cabo del 2 al 5 de mayo. Segn los resultados del sondeo, el apoyo a la pena de muerte en los casos de condena por asesinato es actualmente de un 74 por ciento, una cifra superior a la del ao pasado, mientras que el 23 por ciento de los estadounidenses estn en contra. El porcentaje ms alto de apoyo a la pena capital se registr en 1994 (un 80 por ciento), mientras el ms bajo se dio en 1966, cuando ascendi a un 42 por ciento.

    Segn la encuesta, un nmero considerable de estadounidenses, el 61 por ciento, creen que la pena de muerte se aplica de manera justa en Estados Unidos, a pesar de que 122 presos han quedado en libertad desde 1973 luego de aparecer pruebas que demostraban que eran inocentes de los delitos por los que haban sido condenados a muerte y de los slidos indicios de parcialidad racial en la aplicacin de la pena de muerte.

    29 pases pueden considerarse como abolicionistas de hecho: mantienen en su legislacin la pena de muerte pero no han llevado a cabo ninguna ejecucin en los ltimos 10 aos o ms.

    Desde 1990, ms de 45 pases y territorios han abolido la pena de muerte para todos los delitos. Entre ellos figuran pases de frica (ejemplos recientes son Costa de Marfil y Liberia), Amrica (Canad, Mxico y Paraguay), Asia y Oceana (Butn, Filipinas y Samoa) y Europa y el sur del Cucaso (Armenia, Bosnia y Herzegovina, Chipre, Montenegro y Turqua).

    Una vez que se ha abolido la pena de muerte, rara vez se restablece. Desde 1985, 55 pases han abolido la pena de muerte en su legislacin o, despus de haberla abolido previamente para delitos comunes, han procedido a abolirla para todos los delitos. Durante este mismo periodo, slo 4 países abolicionistas han restablecido la pena de muerte. Dos de ellos, Nepal y Filipinas, la han vuelto a abolir. En los otros dos no se ha llevado a cabo ejecucin alguna (Gambia y Papa Nueva Guinea).

    En el año 2006 fueron ejecutadas al menos 1.591 personas en 25 países, y al menos 3.861 personas fueron condenadas a muerte en 55 pases. Estas cifras incluyen slo los casos conocidos por Amnista Internacional; las cifras reales son sin duda ms elevadas.

    En el ao 2006, el 91 por ciento de todas las ejecuciones de las que se tuvo noticia tuvieron lugar en China, Estados Unidos, Irak, Irn, Pakistn y Sudn. Basndose en los informes pblicos disponibles, Amnista Internacional calculaba que al menos 1.010 personas fueron ejecutadas en China durante el ao, aunque se crea que las cifras reales eran mucho ms elevadas. Fuentes dignas de crdito sugieren que en 2006 fueron ejecutadas entre 7.500 y 8.000 personas. Sin embargo, las estadsticas nacionales sobre condenas a muerte y ejecuciones siguieron clasificadas como secreto de Estado y dificultan la labor de vigilancia y anlisis.

    Irn ejecut al menos a 177 personas, Pakistn al menos a 82, e Irak y Sudn cada uno al menos a 65, aunque el nmero total de ejecuciones puede haber sido mayor. Hubo 53 ejecuciones en 12 estados de Estados Unidos de Amrica.

    Es difcil calcular la cifra total de personas actualmente condenadas a muerte y en espera de ejecucin. La cifra estimada al finalizar 2006 se sita entre 19.185 y 24.646.

    Los tratados internacionales para la proteccin de los derechos humanos prohben condenar a muerte o ejecutar a toda persona que fuera menor de 18 aos en el momento de cometerse el delito. Tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos como la Convencin de la ONU sobre los Derechos del Nio y la Convencin Americana sobre Derechos Humanos incluyen disposiciones a este efecto. Ms de 100 pases en cuya legislacin todava se establece la pena capital para al menos algunos delitos disponen de leyes que excluyen especficamente la ejecucin de delincuentes menores de edad, o se espera de ellos que la excluyan, ya que son partes en alguno de los tratados anteriormente citados. Sin embargo, en un reducido nmero de pases sigue ejecutndose a personas que cometieron delitos cuando eran menores de edad. En 2006 Irán ejecutó a cuatro menores y Pakistán a uno.

    Desde 1990, hay constancia de nueve pases que han ejecutado a presos que eran menores de 18 aos en el momento de cometerse el delito: Arabia Saud, China, Estados Unidos, Irn, Nigeria, Pakistn, Sudn, la Repblica Democrtica del Congo y Yemen. Desde entonces, China, Estados Unidos, Pakistn y Yemen han aumentado la edad mnima a 18 aos. Antes de que la Corte Suprema de Estados Unidos resolviera en marzo de 2005 que la ejecucin de menores de 18 aos era inconstitucional, Estados Unidos e Irn ejecutaban cada uno a ms menores que los otros siete pases juntos. En la actualidad Irn ha superado a Estados Unidos en el nmero total de ejecuciones de menores desde 1990 (19 en Estados Unidos).

    Los estudios cientficos realizados no han podido nunca encontrar pruebas convincentes que demuestren que la pena capital tiene un mayor poder disuasorio frente al crimen que otros castigos. El estudio ms reciente acerca de la relacin entre la pena de muerte y los ndices de homicidios, elaborado para la ONU en 1988 y actualizado en el ao 2002, llegaba a la siguiente conclusin: no es prudente aceptar la hiptesis de que la pena capital tiene un mayor poder disuasorio sobre los asesinatos que la amenaza y aplicacin de la cadena perpetua, pena supuestamente inferior

    En el estudio realizado para la ONU citado anteriormente, al analizarse los datos sobre la relacin entre los cambios en la aplicacin de la pena de muerte y los ndices de criminalidad, se dice: El hecho de que las estadsticas continen apuntando en la misma direccin es un argumento convincente de que los pases no tienen por qu temer cambios sbitos y graves en los ndices de criminalidad si reducen su recurso a la pena de muerte.

    Las cifras ms recientes de criminalidad recopiladas en pases donde no existe la pena capital no demuestran que la abolicin haya producido efectos negativos. En Canad, por ejemplo, el ndice de homicidios por 100.000 habitantes descendi del nivel mximo del 3,09 alcanzado en 1975, ao anterior a la abolicin de la pena de muerte para el delito de asesinato, al 2,41 en 1980, y desde entonces ha descendido an ms.

    En 2003, 27 aos despus de la abolicin de la pena capital, el ndice de homicidios era del 1,73 por 100.000 habitantes, un 44 por ciento inferior al de 1975, y el ms bajo en tres dcadas. Aunque en 2005 aument hasta el 2.0, sigue siendo ms de un tercio inferior al ndice que se alcanz cuando se aboli la pena de muerte.

    Una de las novedades ms importantes registradas en los ltimos aos ha sido la adopcin de tratados internacionales mediante los que los Estados se comprometen a deshacerse de la pena capital. Actualmente son cuatro los tratados vigentes de este tipo:

    El Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que ya han ratificado 60 Estados. Otros 8 Estados lo han firmado, lo que indica su intencin de convertirse en partes en l en un futuro.

    El Protocolo de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos para Abolir la Pena de Muerte, que ha sido ratificado por ocho Estados americanos y firmado por uno ms.

    El Protocolo núm. 6 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (Convenio Europeo de Derechos Humanos), que ya ha sido ratificado por 45 Estados europeos y firmado por uno ms.

    El Protocolo núm. 13 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, que ha sido ratificado por 37 Estados europeos y firmado por otros 7.

    El Protocolo nm. 6 al Convenio Europeo para la Proteccin de los Derechos Humanos es un acuerdo para abolir la pena capital en tiempo de paz. El Segundo Protocolo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos y el Protocolo de la Convencin Americana aspiran a la abolicin total de la pena de muerte, aunque permiten a los Estados que as lo deseen mantenerla en tiempo de guerra como excepcin. El Protocolo nm. 13 del Convenio Europeo establece la abolicin total de la pena de muerte en cualquier circunstancia.

    Desde 1973, ms de 123 presos estadounidenses condenados a la pena capital escaparon a la muerte porque surgieron pruebas que demostraron que eran inocentes de los delitos por los que haban sido condenados. Hubo 6 de esos casos en 2004, dos en 2005 y uno en 2006. Algunos estuvieron a punto de ser ejecutados tras pasar muchos aos condenados a muerte. En todos estos casos hay varios factores que se repiten: conducta indebida por parte del ministerio pblico o la polica; el uso de testimonios, pruebas materiales o confesiones poco fiables, y una asistencia letrada inadecuada. Otros presos estadounidenses han sido ejecutados a pesar de existir serias dudas sobre su culpabilidad. El estado de Florida tiene el nmero ms alto de exoneraciones: 22.

    En enero de 2000, el entonces gobernador del estado de Illinois, George Ryan, decret una suspensin de las ejecuciones, que sigue en vigor. Tom la decisin a raz de producirse en el estado una nueva exoneracin de un condenado a muerte al descubrirse su inocencia: era la decimotercera exoneracin desde que en 1977 se reanudara en el pas la pena de muerte. Durante ese mismo periodo haban sido ejecutados otros 12 presos en Illinois. En enero de 2003, el gobernador Ryan indult a cuatro condenados a muerte y conmut la pena capital de todos los dems condenados a muerte (167) en el estado de Illinois.

    El problema que representa la posiblidad de ejecutar a una persona inocente no es privativo de Estados Unidos. En 2006, Tanzania puso en libertad a Hassan Mohamed Mtepeka, que haba sido condenado a muerte en 2004 por la violacin y asesinato de su hijastra. Segn el Tribunal de Apelacin, su declaracin de culpabilidad se basaba de forma abrumadora en pruebas circunstanciales que no apuntaban de manera irrefutable a su culpabilidad. En Jamaica, el preso condenado a muerte Carl McHargh fue liberado en junio de 2006 despus de que lo absolvieran en apelacin.

    En 2006, la Asamblea Legislativa de Nueva Jersey impuso una suspensin de las ejecuciones en ese estado y cre una comisin encargada de estudiar todos los aspectos de la pena de muerte en Nueva Jersey. En su informe final publicado en enero de 2007, la comisin recomend la abolicin de la pena de muerte.

    A lo largo de 2006, en otros estados las ejecuciones se mantuvieron en suspenso en la prctica debido a objeciones legales y motivos de preocupacin en relacin con el procedimiento de ejecucin mediante inyeccin letal.

    En el ao 2006 se ejecut en Estados Unidos a 53 presos, con lo que al concluir el ao se elevaba a 1.057 la cifra total de presos ejecutados desde que en 1977 se reanud la pena de muerte.






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